Era
abusada desde los 9 años y a los 13 fue acusada de un aborto ilegal, pese a que
la pérdida fue espontánea. Piden que el Estado peruano la repare.
El caso de una menor indígena que
quedó embarazada tras ser violada por su padre, y a la que la justicia
persiguió por perder al niño después de que no se le diese la opción del aborto
terapéutico, llegó a manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.
Es la primera vez en la historia de Perú que un proceso de abuso sexual
contra una niña es presentado en esta instancia, según destacó el Centro de
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que
lleva la defensa legal de Camila junto a la organización estadounidense Planned
Parenthood.
El objetivo de estas organizaciones y del movimiento Niñas no madres al
acudir a este comité de la ONU es que ninguna niña en Perú o América Latina
tenga que vivir de nuevo la situación que atravesó Camila, oriunda de una zona
rural de los Andes peruanos.
Para ello, demandan que el Estado peruano asuma su responsabilidad de
repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y
desarrollar pautas que garanticen la atención integral de las niñas en
situación de embarazo producto de violencia sexual , con
un enfoque intercultural y de niñez.
